Eduardo y Vladimir se declaran culpables en caso Quirino

NUEVA YORK._ Dos de los implicados más importantes en el caso que se sigue en Estados Unidos contra el ex capitán del Ejército Nacional dominicano Quirino Ernesto Paulino Castillo, se declararon culpables por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero a través de un acuerdo con la fiscalía federal del Distrito Sur con sede en esta ciudad.

El empresario de la construcción Eduardo Rodríguez Cordero y Bladimir García (Vladimir García) Jiménez aceptaron responsabilidad en el sonado caso Quirino a cambio de sendas sentencias leves las cuales les serán leídas el 8 de octubre y el 10 de noviembre respectivamente en  audiencias especiales que con tal propósito, será presidida por la jueza Kimba M. Wood.

Rodríguez Cordero propietario de varias empresas en la República Dominicana y a quien los fiscales acusaron de formar parte de una supuesta banda liderada por Quirino y la cual habría transportado miles de kilos de cocaína desde el país caribeño hacia los Estados Unidos, fue uno de los primeros arrestados en los días subsiguientes de la extradición del ex capitán a Nueva York.

Entre sus bienes se encuentra la compañía constructora CONSTRUGAR (Constructora García), la cual fue llanada en su momento por las autoridades dominicanas que confiscaron una caja fuerte en la que presuntamente había $25 millones de dólares en efectivo.

El 27 de marzo del año 2006 su abogada Linda George aseguró que Rodríguez Cordero era “inocente” de todos los cargos y dijo que lo demostraría en corte, desafiando a un juicio a los fiscales federales. Varias peticiones de fianza le fueron negada a Rodríguez Cordero y los fiscales alegaron en esas vistas que no había garantías de que el imputado cumpliera con los requisitos de esa libertad condicional y que existía el riesgo de que tratara de escapar de la justicia.

Rodríguez fue apresado en un billar del Alto Manhattan y desde entonces se encuentra recluido en la cárcel federal del 150 de Park Row en el Bajo Manhattan. Se dijo que García lo acompañaba en el momento en que fue apresado.

Su hermano Samuel Rodríguez Cordero (Sammy), uno de los últimos arrestados también está implicado en el expediente del caso Quirino.  “Mi cliente no tiene porqué negociar nada con la fiscalía porque es totalmente inocente, la fiscalía está tabulando e inventándole cargos”, sostuvo la abogada en la fecha referida anteriormente.

En el 2006, la jurista y defensora de Rodríguez Cordero denunció que en la caja fuerte había “más” de la suma reportada por el gobierno dominicano, pero rehusó especificar la cantidad de dinero incautado por fiscales y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

La abogada sometió docenas de mociones en el caso de su cliente tratando de que saliera en libertad bajo fianza, que se le retiraran los cargos o que fuera a un juicio. También cuestionó públicamente la transparencia del gobierno dominicano en el manejo al caso Quirino.

El seis de abril del 2006 ella declaró a este reportero que el juicio podría comenzar en septiembre de ese año, pero luego aclaró que se había retrasado la fecha, “porque varios de los acusados decidieron negociar con la fiscalía”.

Aclaró que dentro de las negociaciones de algunos acusados con los fiscales, no necesariamente se incluye el compromiso de suministrar informaciones o delatar a otros.

FATIMA

Esta mañana se terminó de escoger a los 14 miembros del jurado que actúa en el juicio que se inició oficialmente hoy contra la empresaria Fátima Henríquez Díaz, propietaria de la embarcadora “Fama Shipping” en el Alto Manhattan.

Ella está acusada por lavado de aproximadamente $300 mil dólares según la acusación de los fiscales. En el jurado hay 12 mujeres y 2 hombres, entre las féminas, sólo una es hispana.

La apertura de esa causa se inició con alegaciones de los fiscales asistentes encabezados por John J. O´Donell quien se hace acompañar por otros tres asistentes.

El primer testigo del gobierno que declaró contra Fátima es una funcionaria de lato nivel del banco PJ Morgan Chase de Manhattan que explicó sobre las transferencias y movimientos financieros y bancarios de la empresaria entre septiembre y octubre del 2003, fecha en la que la fiscalía alega, hizo las transacciones para lavar la suma en cuestión.

La acusada está representada por el abogado Eric Franz y otro jurista que ayer se negó a identificarse y le dijo a este reportero que nunca habla con la prensa.

Si ella es encontrada culpable de las acusaciones, podría ser sentenciada a una condena de entre 10 a 25 años de cárcel, mientras que una negociación para no ir a juicio, le hubiera garantizado como máximo cinco años, de los cuales quizás hubiese cumplido la mitad o un tercio.

Fuente:Miguel Cruz Tejada

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