El 22 de agosto pasado la comunidad de Castañuelas, en Montecristi, decidió lanzarse a las calles a protestar por los apagones. Tratando de controlar a la multitud, la Policía lanzó bombas, cuyos gases provocaron problemas cardíacos al señor Pablo Díaz, de 63 años. Para su desgracia, cuando lo llevaron a un centro de salud no había energía para asistirlo y falleció. Hoy se cuenta entre las al menos 6 personas que perdieron la vida este año en protestas por los apagones.
Los problemas del suministro de energía también tienen desesperada a Cruz María Almonte, una estilista de 38 años que sueña con irse a España, como forma de poder garantizar el futuro de sus tres hijos. “Este negocio no subsiste con apagones a veces del día entero. En el día gasto mil pesos en combustibles para la planta, y no los recupero”, dice la señora residente en Los Mameyes.
Dramas como el de Díaz o Ramírez han sido una constante de muchos años en el país, sin que a la fecha se vislumbre una salida al problema energético.
Ningún plan de gobierno ha logrado acabar con el “caos” que caracteriza el servicio, afectado por apagones de hasta 18 horas corridas, bajos niveles de cobranzas en las empresas distribuidoras que se calcula, pierden alrededor del 40%, y las deudas acumuladas con las empresas generadoras.
A esto se suma la “distorsión” que crea en el mercado eléctrico el pago de un subsidio que obligó al gobierno a buscar un préstamo para poder cubrir el déficit. A la fecha, los dominicanos pagan el kilo de luz a 10 y 26 centavos de dólar, según la cantidad de consumo, gracias a que durante 35 meses el Gobierno decidió mantener el precio de la tarifa congelado, según indica el Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, pero aclara que de no ser así, el valor real del kilovatio hora (kv/h) andaría por los 30 centavos de dólar (unos RD$10.50).
Admite que mantener esos niveles de precios, ante situaciones como las que se presentaron con el alza de petróleo que generó un aumento de la factura energética de más de 70 millones de dólares por mes, resultaría insostenible.
En tal sentido, recomienda transparentar la tarifa. El funcionario recuerda que sólo el diferencial de la tarifa generó un subsidio de RD$2,500 millones al mes, a esto se agrega que las facturas de energía que rondaban los US$100 millones y US$110 millones cada mes, costaron en agosto y septiembre, US$192 millones y US$188 millones, generando el desajuste en el presupuesto del sector, cuyo déficit este año se estima en unos US$1,300 millones.
Para este año, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) tuvo un presupuesto inicial de US$650 millones, y luego se le sumaron otros RD$7,200 millones de pesos (unos US$200 millones), a través del presupuesto complementario.
Pero como declaró recientemente el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, esos montos han sido insuficientes para enfrentar los aumentos en el precio del petróleo, que llegó en junio pasado a los 147 dólares el barril.
Y aunque dice que el Gobierno no está impotente para cubrir el déficit, debe recurrir al crédito internacional, donde aspira conseguir en principio unos US$130 millones para hacer frente a la deuda generada en el sector, que hasta el mes de octubre era de US$458 millones de dólares, y según Radhamés Segura, vicepresidente de la CDEEE, alcanzaría los US$744 millones si se incluyen noviembre y diciembre.
Dichas deudas han sido el detonante de la crisis actual del sector que llevó a la población a padecer apagones de hasta 18 horas. Desde el Gobierno se empeñan en demostrar que la crisis es un asunto coyuntural, y que a partir del 2012 se terminarán los apagones. Méndez defiende el desarrollo escalonado que dice lleva el plan integral de energía que ejecutan y que hubiera caminado sin aportes fundamentales, a no ser por el aumento del petróleo.
Pero analistas del área entienden que la problemática no es de momento, sino que está relacionada con los acuerdos firmados en el país desde mediados de los años 80 para la compra de energía. Así lo plantea el ex presidente del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, para quien la solución del problema está en cortar definitivamente con las “trabas y distorsiones” de dichos acuerdos y que el Gobierno asuma el control de todas las empresas. “La situación actual la heredamos de los años 80 cuando se dejaron de lado los planes de expansión del sistema, y se proponían ya la privatización de las empresas de generación”.
Afirma que en su mayoría los acuerdos que se hicieron con los generadores privados (IPP), estuvieron envueltos en una “maraña de corrupción donde se negoció la energía a los precios que se quisieron”. Cita del caso de la Compañía Eléctrica de Puerto Plata que vendía la energía a 12 centavos de dólar, cuando el precio real andaba entre los cuatro y cinco centavos el kilovatio hora (kv/h). Entiende que la situación se mantuvo igual o peor, al firmarse los contratos de la capitalización en el 1999.
Recuerda que, según la privatización, el país debía pagar una indexación por combustible basado en el Fuel Oil # 2, que es el combustible más caro, pese a que las plantas estuvieran usando un carburante más económico, como dice, ocurre con varias generadoras. “Cuando aquí se paga 12 centavos de dólar por energía producida a carbón, por ejemplo, en Puerto Rico se paga 5.5 centavos, lo que significa que al país lo están timando y por ello es que se tienen que revisar esos contratos”.
En su libro sobre “Evaluación de la Reforma al Negocio Eléctrico Dominicano”, Moreno San Juan plantea que en los primeros siete meses de la capitalización los generadores tuvieron ganancias extras por concepto de indexación de US$2.5 millones por mes.
Al momento de la capitalización, el subsidio anual era de RD$2,500 millones a la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), unos US$160 millones de dólares, lo que contrasta con los más de mil estimados para este año. Luego, en 2001 vino el Acuerdo de Madrid, mediante el cual se establece un precio fijo de la tarifa de compra y venta, pero también se cerró la posibilidad al país de comprar en el mercado spot la energía que le resultase más económica, pues, hasta el 2014 debe pagar un precio establecido en el mismo. Por ejemplo, en el 2006, cuando la energía de menor costo estaba en el mercado spot a 8.5 centavos de dólar el kv/h, el país debía pagarla en 13 centavos, conforme el precio indexado del acuerdo. En julio del 2007 se renegoció el acuerdo de la empresa Palamara-La Vega, y se logró una reducción de 2,13 centavos en el kv/h, que según Segura permitiría al Estado un ahorro de US$19 millones al año. “Si tuviéramos un tratamiento igual con los otros generadores, estaríamos hablando de que se pudiera ahorrar unos 150 millones al año”, estimó entonces el funcionario, quien en varias ocasiones ha calificado los acuerdos como “una estafa”.
Tito Sanjurjo, gerente general de la Empresa Generadora de Electricidad de Haina (EGE Haina), no favorece una revisión de contratos porque entiende que siempre se mira un solo aspecto y que eso da lugar a que siempre exista algo por revisar. Agrega que las constantes renegociaciones no les permiten un historial favorable en la búsqueda de financiamiento, porque los inversionistas no dan dinero a empresas pocos estables. Califica como un mito el tema de la indexación. “Cuando el petróleo subió discutimos con el Gobierno reducir el impacto de esa indexación, pero lo cierto es que entonces teníamos un precio en el mercado similar a los del contrato de Madrid”. Lamenta además que no se tome en cuenta que ellos incurren en otros gastos y que tienen que trabajar con altas deudas, como la actual, en que se le deben unos 200 millones de dólares, por atrasos de cuatro meses. “Lo mejor es cumplir a cabalidad los acuerdos y darle a los inversionista la seguridad de que lo que se haga ahora no cambiará mañana”.
De su lado Marcos de la Rosa, gerente general de generadora AES Dominicana, tampoco ve con buenos ojos que se revisen los contratos. “El reto para mí no es renegociar, sino atraer inversiones para que llegue energía más eficiente, pero como sector privado defiendo los acuerdos porque son un mecanismo para asegurar las inversiones”. Marcos defiende la Inversión de AES, que desde el 1999 hasta la fecha asciende a más de US$800 millones para mejorar sus plantas y brindar una energía más barata. Destaca la conversión de AES Andrés a gas natural, a un costo de US$450 millones, así como la transformación de Itabo a carbón lo que ,asegura, le permitió al país un ahorro de US$580 millones en el 2008, por generación más barata.
Fuente:DL
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