Santo Domingo. Afirmando que “no tengo protegidos” y que “el que no cumpla la ley se irá para su casa”, el presidente Leonel Fernández sentó la pauta de su conversación con los directores de medios ayer, en la que se pasó revista a los esfuerzos que ha venido desarrollando el Gobierno para prevenir y combatir la corrupción administrativa.
Acompañado del secretario de la Presidencia, César Pina Toribio; del Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti; del secretario de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo; de Rafael Núñez, director de Información y Prensa de la Presidencia; del contralor General de la República, Simón Lizardo; de Eric Hazim, director de Compras Gubernamentales; Hotoniel Bonilla, titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa y de María Felicia Gutiérrez, subsecretaria de Hacienda, el presidente Fernández explicó el proceso de reforma legislativa para transparentar la gestión pública y fortalecer los controles internos de la administración pública, que se ha venido llevando a cabo desde el año 2005, señalando que ya hay logros tangibles en la aplicación de estas medidas.
Señaló que en la administración central, en las Secretarías de Estado ya se notan los cambios, pero que todavía existen debilidades en las áreas descentralizadas. Afirmó que de lo que se ha hablado es de prácticas irregulares en esos organismos y no de desfalco. Señaló que la hipercorrupción ha disminuido gracias a los controles.
Informes sectoriales
Pina Toribio abrió las presentaciones sectoriales, explicando el papel de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y a seguidas, mientras María Felicia Gutiérrez explicó el sistema integrado de administración financiera gubernamental.
En este punto, el presidente Fernández hizo un paréntesis para señalar que era “la reforma más profunda de los procedimientos administrativos en la historia nacional, aunque implicó un debilitamiento del Poder Ejecutivo”.
A seguidas, el contralor General de la República, Simón Lizardo Amézquita, presentó los avances de su unidad, señalando que ya se han integrado 67 unidades de auditoría en el Gobierno Central y se preparan las 147 para las instituciones descentralizadas.
Señaló que en los diferentes arqueos han encontrado que 7,400 personas cobraban dos veces en diferentes instituciones del Estado dominicano.
Por su parte, Eric Hazim, director de Compras Gubernamentales, hizo un recuento de los avances en su departamento, que tiene identificados a 10,564 proveedores del Estado.
Los informes culminaron con las presentaciones de Hotoniel Bonilla, de la DPCA y Ventura Camejo, de la Secretaría de Estado de la Administración Pública.
Resumiendo, el Presidente señaló que “hemos organizado un sistema para prevenir y combatir la corrupción. No estamos satisfechos, porque no ha sido aplicado a todos los ámbitos del Estado, pero voluntad ha habido y la hay” para combatir el flagelo.
Preguntas y respuestas
Se pasó entonces a las preguntas de los directores de medios y comentaristas y las respuestas del Presidente y los funcionarios.
Formularon preguntas Julio Hazim, Huchi Lora, Radhamés Gómez Pepín, Miguel Franjul, Persio Maldonado, Christian Jiménez, Osvaldo Santana, Juan Bolívar Díaz, José Monegro y Adriano Miguel Tejada.
En general, el Presidente respondió que está consciente de que “la gente quiere sangre”, es decir, cambios en la administración pública, pero se reservó de decir si introduciría cambios el 16 de agosto.
Recordó la presunción de inocencia que garantiza el debido proceso y que se va a crear una línea directa de denuncias sobre casos de corrupción y que pedirá al sector privado la firma de un pacto por la transparencia.
Reiteró que su obligación es frente al pueblo dominicano.
El proceso anti corrupción
El detalle de los esfuerzos del Gobierno en materia normativa demuestra que se están sentando las bases para la transparencia en la gestión administrativa y financiera en el Estado, pero como explicó el Presidente, se trata de un proceso, con avances y retrocesos, cuyos mayores logros ya son observables en el Gobierno Central, en las diferentes secretarías de Estado, aunque todavía falta mucho en los organismos descentralizados, que es donde han ocurrido los casos denunciados recientemente. No se ofreció plazo para completar todas las instituciones bajo esa sombrilla.
Fuente:(DL)
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