El deseo de permanencia

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Siempre se ha dicho que los pueblos que olvidan las enseñanzas que ofrece la historia están destinados a atravesar nuevamente por las mismas vicisitudes del pasado.

Cuando las tropas norteamericanas abandonaron nuestro territorio en 1924, luego de haberse producido la primera intervención del pasado siglo, se celebraron elecciones en las que resultó electo Horacio Vásquez. Se suponía que su mandato expiraría en 1928, en razón de que juró la Constitución de 1924, la cual establecía un período de cuatro años.

Pero como el continuismo ha estado siempre presente entre nosotros y los intereses partidarios han prevalecido sobre el interés colectivo, tres años después, en 1927, comenzaron a elaborarse tesis jurídicas para justificar la prolongación del período presidencial del presidente Vásquez.  En efecto, la Carta Sustantiva de 1908, la cual quedó virtualmente abolida cuando se produjo la intervención de 1916, consignaba que la duración del período presidencial era de seis años. Ahora bien, la que fue votada en 1924, poco después de las elecciones en que fueron escogidos Horacio Vásquez y Federico Velázquez como presidente y vicepresidente respectivamente, consignaba un plazo de cuatro años.

Se impone precisar que los comicios del 15 de marzo de 1924 se celebraron bajo los términos del Tratado de Evacuación y antes de votarse la Carta Magna de ese mismo año, circunstancias que le permitieron a los seguidores de Horacio Vásquez invocar el principio de la irretroactividad para descartar así el texto que resultó de la modificación constitucional de 1924. Juristas de la talla de Apolinar Henríquez, Gustavo A. Díaz y otros no menos notables produjeron interpretaciones en ese sentido. Otras razones se esgrimieron refutando las primeras, pero no prosperaron puesto que en países como el nuestro las conveniencias políticas pesan más que cualquier otra cosa.

Probablemente la prolongación de dos años de Horacio Vásquez se hubiese evitado si las elecciones de 1924 se hubiesen efectuado después de haberse votado y promulgado la Constitución de ese año que redujo el período presidencial de seis a cuatro años. Asimismo, quizá los acontecimientos hubiesen sido distintos si en el texto constitucional de aquel entonces se hubiese incorporado una redacción clara en la cual se hubiese dispuesto una excepción al  férreo principio de la irretroactividad, o se hubiese barrido con este precepto que siempre ha sido mal interpretado y peor aplicado entre nosotros.

Más claramente, el constituyente de aquel entonces debió ser lo suficientemente cuidadoso para evitar interpretaciones antojadizas que pudiesen generar conflictos sociales y políticos. Desafortunadamente los hechos no sucedieron así y el resto de la historia todos la conocemos. Nos encontramos a una distancia de 80 años de aquella desafortunada cadena de eventos que facilitaron el ascenso del trujillismo, y todo parece indicar que los años de dictadura de poco han servido para forjar cierto nivel de conciencia entre nosotros, toda vez que aún debatimos un proyecto de reforma constitucional en el que los poderes del estado luchan por preservar privilegios y hegemonía.

Ahora el continuismo no se circunscribe a la esfera del Poder Ejecutivo, sino que se ha hecho extensivo a los demás poderes del Estado. En la precipitada reforma de 1994 se dispuso el principio de la inamovilidad temporal de los jueces, delegando el legislador constituyente en el ordinario el término de duración de dicha inamovilidad. Y cuando el legislador ordinario votó las leyes que la delimitaron en cuatro años, la SCJ  declaró inconstitucionales los artículos que le establecían un límite al ejercicio de sus funciones. En otras palabras, un gran número de  jueces se ha prolongado durante 12 años en sus posiciones, en lugar de los cuatro establecidos por ley.

Por otra parte, recientemente hemos visto cómo algunos legisladores han propuesto una extensión de su período actual a dos años con el pretexto de unificar los comicios. En lugar de proponer que las próximas elecciones congresuales y municipales sean por dos años, para así unificarlas más adelante, prefieren optar por el continuismo que tanto se critica desde la oposición y se aplaude desde el gobierno.

El proyecto de reforma sometido por el Presidente al Congreso, lejos de preservar la vigente redacción del artículo 49 de nuestra Ley de Leyes, lo cual hubiese ido en consonancia con el resultado arrojado por las consultas populares, ha optado por una fórmula intermedia que no satisface a la gran mayoría de la población. Además, el artículo 104 del proyecto de reforma abriría un debate sobre el momento de su entrada en vigencia en caso de ser aprobado con su redacción actual. No cabe la menor duda que el repetido texto se prestaría a interminables discusiones en la eventualidad de que el actual mandatario decida presentarse en los próximos comicios, a menos de que se introduzca una cláusula transitoria que precise su alcance.

El deseo de permanencia en las funciones públicas  ha sido una constante en nuestro devenir histórico, y este fenómeno sociológico se halla estrechamente vinculado a acomodaticias reformas e interpretaciones constitucionales.

Fuente:JOTTIN CURY, HIJO

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