Jueza ordena a Euclides cesar amenazas a anunciantes de Nuria

SD. La jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Maritza Capellán Araujo, ordenó al superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, el cese de toda amenaza contra los anunciantes del programa de investigación periodística “Nuria”.

 

La magistrada, mediante la sentencia número 970-2011, falló la acción de amparo incoada por la periodista Nuria Piera contra Gutiérrez Félix, y en la que, además, le ordena “abstenerse de realizar actuaciones de la misma naturaleza contra anunciantes de cualquier periodista, programa o medio de comunicación, con la finalidad de preservar la libertad de expresión y de información de todos los habitantes de la República Dominicana”.

 

Otro dispositivo de la sentencia ordena al funcionario notificar en un plazo de tres días, a partir de la notificación de la sentencia, a todos los anunciantes requeridos a través del acto 780, que en sus calidades de patrocinadores, no se incluyen y no son responsables por violaciones a varios artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

 

El recurso de amparo

 

La acción de Amparo fue incoada por Nuria Piera contra Gutiérrez Félix, tras el funcionario amenazar mediante acto de alguacil, con someter a la justicia por difamación a los anunciantes del programa “Nuria”, luego que la periodista denunciara en un reportaje que éste tenía una deuda de más de dos millones de pesos con la empresa EdeSur. El fallo leído ayer por la secretaria del tribunal, Yadarys Núñez Grullón, pasadas las cinco de la tarde, condena al funcionario al pago de una astreinte de RD$10 mil al día, a partir del quinto día de la notificación de la sentencia. Este dispositivo es aplicable si el condenado no cumple con lo establecido en el dictamen.

 

Expectativa sobre los “sometimientos”

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Aunque en principio plausible, el anuncio del director de la Dirección de Prevención de la Corrupción sobre próximos sometimientos motiva la sospecha.

¿Estaremos frente a acciones serias resultado de una actividad rutinaria y comprometida para castigar a quienes se enriquecen a costa del Estado o frente a una salida estratégica del Gobierno para desactivar la presión popular de los últimos días? El Gobierno se juega una carta de extremo cuidado.

Si el fondo del anuncio de Hotoniel Bonilla reside en aquello de “al pueblo pan y circo”, la administración peledeísta podría lograr un respiro coyuntural probablemente pero a la larga heriría mortalmente su credibilidad y la gobernabilidad; la burla constituiría una provocación mayor para el país.

Hay que confiar en que no se pretenda jugar con fuego. El caballo en que estamos montados quedará desnudado a partir de la envergadura de los sometimientos y la sustentación de los expedientes. Esperemos.

Fuente:CLAUDIA FERNANDEZ LEREBOURS

Alica Ortega insiste sobre irregularidad en SEOPC

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SD. La Secretaría de Obras Públicas habría registrado apresuradamente en la Contraloría General de la República 28 contratos para construcción de obras, luego que se develara que la entidad estatal había pagado más RD$1,035 millones sin soportes correspondientes.

Los datos fueron ofrecidos en el programa ” El Informe con Alicia Ortega”, donde señala además, que el proceso de registro se verificó el 29 de julio, dos días después que supuestamente ella hiciera la denuncia. Ortega también refirió que en nueve casos, el monto de los contratos registrados no coincide con el balance de los mismos convenios llevados a ejecución por Obras Públicas. Según Ortega, 8 de los contratos tuvieron vigencia en el 2008; 11 hasta el 2007, mientras que 7 perimieron en el 2006 y uno terminó en 2005. Apenas uno estuvo vigente este año.

Fuente:(DL)

Vincho Castillo pide renuncie gabinete de Leonel Fernández antes del 16 de agosto

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Santo Domingo.- El asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico propuso ayer a los funcionarios, que frente a todas las denuncias de supuestos actos de corrupción en el gobierno, renuncien a sus puestos para que el presidente Leonel Fernández no tenga que destituir a nadie y pueda escoger a quienes deja y a quienes designa en las instituciones del Estado.

A juicio del destacado jurista, el jefe del Estado debe hacer cambios drásticos en la administración pública, porque al hacerse una renovación se crean expectativas favorables al gobierno.

Consideró que el sector privado también es copartícipe de los supuestos actos de corrupción que se estarían generando en el actual gobierno, ya que se trata de negocios.

Castillo señaló que cuando un funcionario incurre en indelicadezas, debilidades o irregularidades la realidad es que eso es una “felonía” y un abuso de quien sea que lo haga.

El funcionario fue entrevistado en el programa “Objetivo 5”, que se transmite los sábados a las 11:00 de la noche por Telemicro bajo la conducción del periodista Geraldino González.

Castillo expresó que ciertamente hay una percepción en la ciudadanía de que en el gobierno hay corrupción y que a eso ha contribuido el hecho de que el presidente Fernández es un hombre extraordinariamente decente y que ha dado autonomía e independencia a sus funcionarios, ya que es partidario de la descentralización.

“Yo lo he discutido con él, desde hace mucho tiempo y lo he animado diciéndole, Presidente no, esa licencia suya por mucho es bien percibida, pero por desgracia a los cargos a veces llegan exponentes que medio se pierden”, agregó Vincho Castillo.

Sostuvo que frente a las denuncias de supuestos actos de corrupción en el gobierno, la población está esperando una reacción más categórica y enérgica del presidente Fernández.

Dijo que en los sectores de clase media del país en los actuales momentos hay más hostilidad hacia el gobierno porque están pasando momentos difíciles, aunque precisó que en muchos sectores pobres la tarjeta Solidaridad está ayudando mucho.

Reiteró que la renuncia colectiva de funcionarios de los cargos que ocupan es una práctica que nació en Suramérica con la finalidad de dejar al presidente de la República en libertad de hacer los cambios que considere prudentes.

Narcotráfico En otro orden, el también presidente del partido Fuerza Nacional Progresista y asesor en materias de drogas del Poder Ejecutivo, dijo que en el país actualmente hay unos 300,000 jóvenes entre traficantes y adictos.

Estimó que el país debe armarse para evitar el bombardeo de drogas en el territorio nacional. Añadió que las drogas están actualmente en todos los estamentos sociales.

SE CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS LEGALES
Castillo afirmó, por otra parte, que en el proceso de venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo al gobierno de Venezuela, se han cumplido todos los requisitos legales y que es una transacción transparente y soberana del Estado Dominicano.

Acusó a sectores del empresariado, en contubernio con “ciertos lobbistas de ríos revueltos”, de ofrecer informaciones falsas a la legisladora de Estados Unidos , Loretta Sánchez, en torno a las negociaciones. Defendió la honradez y honestidad del presidente Fernández, y afirmó que la venta del 49% de la Refidomsa a PDVSA ha sido una de las acciones más transparentes del país.

Fuente:Viviano de León / Ramón Urbáez (LD)

DPCA dará a conocer en próximos días casos corrupción

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El titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), anunció este domingo que en los próximos días ese organismo dará a conocer grandes casos de corrupción administrativa, donde los responsables serán sometidos a la justicia. El licenciado Otoniel Bonilla García dijo que los principales aliados del organismo son los medios de comunicación, especialmente los programas que se dedican a denunciar casos de corrupción.

Adelantó que dentro de poco se procederá a hacer sometimientos de personas vinculadas con importantes hechos dolosos en la administración pública.

Indicó que contrario a lo que algunos sectores puedan creer, la DPCA nunca ha desestimado una sola de las denuncias de corrupción que se hacen a través de programas de televisión o radio, y declaró que luego de difundidas esas denuncias son debidamente evaluadas.

Recordó que de uno de esos programas fue que el organismo inició una investigación con relación al Programa de Reducción de Apagones (Pra), “!y ese es un expediente que está en proceso”

Bonilla García participó como entrevistado en Encuentro Extra con Cristhian Jiménez que se trasmite cada domingo, de 7 a 8 de la mañana, por el canal 9 de Color Visión, y por Tele Radio América, canal 45, de 7 a 8 de la noche.

Sus declaraciones fueron remitidas mediante una nota de prensa a EL NUEVO DIARIO.

Declaró que una prestigiosa comunicadora, cuyo nombre no reveló, -pero que obviamente se trata de Nuria Piera-, reaccionó molesta de manera pública porque desde la DPCA le pedían, mediante carta, copia grabada de programas en los que hacía denuncias.

Dijo que ante su negativa de entregar la grabación para evaluar la denuncia y determinar si procedía iniciar una investigación, “la mandamos a comprar donde gente que se dedica a grabar esos espacios. Tomamos 700 pesos de caja chica y compramos la copia”.

El funcionario judicial llamó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a estar atentos porque dentro de pocos días se darán a conocer, por parte del organismo a su cargo, grandes casos de corrupción administrativa, con el correspondiente sometimiento a la justicia de los responsables de los mismos.

Cristhian Jiménez lo emplazó a revelar los detalles en su programa, pero el funcionario lo exhortó a no desesperarse, porque falta poco para que se conozcan los nuevos expedientes, que, según dejó entrever, provocarán gran impacto en la sociedad dominicana.

Fuente:RAMIRO ESTRELLA

Impedimento de salida para ex director del PRA

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SANTO DOMINGO. El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, dictó medidas de coerción en contra del ex director del disuelto Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara Lorenzo, y otros dos ex funcionarios de la entidad, acusados de presuntos actos de corrupción.

El magistrado impuso a Lara impedimento de salida y presentación periódica por ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.

Iguales medidas de coerción fueron impuestas en contra del ex director administrativo del PRA, Sauris Rodríguez Sánchez y el antiguo gerente Nicolás Concepción Núñez.

Lara atribuye las acusaciones en su contra a raíz de las cancelaciones de que fueron objeto Rodríguez y Concepción, las que fueron fundamentadas en irregularidades de ambos, pero admite que nombró parientes y vinculados a organizaciones religiosas.

Concepción alega que informó al vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura y a Lara de las presuntas irregularidades.

Rodríguez Sánchez dice que el ex director del PRA violaba los procedimientos administrativos en los nombramientos.

Fuente:Federico Méndez(DL)

La vaga lucha contra la corrupción

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La corrupción es una práctica que supone el abuso para generar riquezas personales en detrimento de los intereses públicos. Es un fenómeno que se ha arraigado en las instituciones administrativas del Estado y también en muchas instancias del sector privado.
En todos los países del mundo actual se libra una ardua lucha en contra de la corrupción. En nuestro caso, en la República Dominicana se hacen esfuerzos para hacer más efectiva y trascendente la eficacia de esta lucha. Admiramos y observamos como positivas todas las medidas que se hayan tomado o que en el futuro se consideren necesarias implementar para dar continuidad a la persecución del fenómeno de la corrupción.
Sin embargo, la lógica nos dicta que debemos guardar nuestras reservas con respecto a los resultados anhelados, pues, estamos conscientes de que para reducir los delitos relacionados con la corrupción se requiere de algo más que la creación de nuevas oficinas de persecución o prevención de la misma.

En un artículo de prensa publicado en fecha 17 de julio del corriente año, el Procurador General de la República Dominicana,  Radhamés Jiménez Peña, aseguró que el enriquecimiento ilícito no está penado por la ley y que la corrupción existe tanto en el sector público como en el privado debido a que está arraigada en la sociedad y que para combatirla se necesita la participación de los sectores público y privado así como también de la sociedad civil, por ser éste un problema sistémico. Estas afirmaciones del señor procurador nos invitan a  poner en perspectiva la necesidad de abrir un debate más serio sobre lo que debería ser en esencia el combate a la corrupción, puesto que siempre que se crea una nueva oficina o departamento para combatirla se hace el anuncio como un esfuerzo más y otro paso de avance a favor de esta lucha.

Empero, si el enriquecimiento ilícito no está penado por la ley, entonces la lucha contra la corrupción es un fraude institucional que formaría parte del mismo fenómeno. Estamos de acuerdo con que el problema que aquí tratamos es sistémico y es precisamente donde se encuentra encasillada o enmarcada la disfuncionalidad de todas las oficinas y departamentos de prevención y persecución que se alimentan del débil sistema institucional que conforma el Estado dominicano.

Somos conocedores de que el problema radica en el sistema. No obstante, tenemos que trascender el sistema institucional que sirve de soporte al Estado y observar responsablemente que la corrupción es un fenómeno mundial enriquecido por las debilidades generadas por una sociedad desigual que se desgarra dentro de las entrañas de un sistema político y económico que se desenvuelve al borde de la inevitable bancarrota total.

La corrupción es el producto directo de la baja calidad de los servicios públicos, de los bajos niveles de competitividad, del pobre crecimiento económico y la poca legitimidad de las instituciones democráticas.  Los fraudes en la contratación, los sobornos, desvíos de recursos, clientelismo, empleados ficticios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses, son los más típicos, y a su vez no son más que el producto  directo de los desequilibrios que afecta al sistema social, que como consecuencia carece de instituciones fuertes en el marco de la aplicación y la creación de las reglas.

Finalmente, arribamos a la conclusión de que todos los enumerados expuestos más arriba son el resultado directo de la pobreza que generan las desigualdades sociales. De estas desigualdades surge un poder ejecutivo que carece de voluntad política; un poder legislativo leal a su afiliación partidista y un sistema judicial carente de independencia, y de aquí, no es mucho lo que se podrá lograr.
Si las instituciones asignadas para combatir el mal de la corrupción advierten que el enriquecimiento ilícito no está penado por la ley entonces habrá que crear la ley que lo penalice. Pero para crear esa o esas leyes es necesario hacer cambios políticos profundos tanto en el orden institucional como en el orden social, y sin esos cambios es vaga la lucha contra la corrupción.

Fuente:GABRIEL GARCIA