Expectativa sobre los “sometimientos”

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Aunque en principio plausible, el anuncio del director de la Dirección de Prevención de la Corrupción sobre próximos sometimientos motiva la sospecha.

¿Estaremos frente a acciones serias resultado de una actividad rutinaria y comprometida para castigar a quienes se enriquecen a costa del Estado o frente a una salida estratégica del Gobierno para desactivar la presión popular de los últimos días? El Gobierno se juega una carta de extremo cuidado.

Si el fondo del anuncio de Hotoniel Bonilla reside en aquello de “al pueblo pan y circo”, la administración peledeísta podría lograr un respiro coyuntural probablemente pero a la larga heriría mortalmente su credibilidad y la gobernabilidad; la burla constituiría una provocación mayor para el país.

Hay que confiar en que no se pretenda jugar con fuego. El caballo en que estamos montados quedará desnudado a partir de la envergadura de los sometimientos y la sustentación de los expedientes. Esperemos.

Fuente:CLAUDIA FERNANDEZ LEREBOURS

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Balaguer, Leonel y la corrupción

#revdo

Joaquín Balaguer hablaba de la masa silente que le daba el voto ganador; una población que sustentaba su mandato y le permitía gobernar con relativa facilidad. Del otro lado estaban sus funcionarios; muchos corruptos con anuencia presidencial.

Permitir la corrupción ha sido siempre parte del menú de opciones de los gobernantes dominicanos para incentivar a sus súbditos. Es también una forma de cooptar y disminuir a la clase política, al sector privado y a segmentos de capas medias y bajas.

A fin de cuentas, los corruptos se fríen en su propio aceite mientras el líder, si mantiene distancia, queda sublimado por encima de los plebeyos. Por eso Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

Ante la corrupción de sus funcionarios, Balaguer se hacía el ciego y el mudo. De vez en cuando, sin embargo, destituía algún funcionario para enviar una señal de disciplina a su voraz séquito.

Le bastaba con producir temor porque no tenía como objetivo central caerle bien a la población ni a los medios de comunicación.

En la época de los 12 años no se utilizaban las encuestas de opinión, por lo cual, el nivel de popularidad era de escasa importancia para el caudillo. Además, podía recurrir con facilidad a los fraudes electorales para suplir las deficiencias en las urnas.

En general, Balaguer fue un presidente silente ante las aberraciones de sus funcionarios; utilizaba el martillo para establecer autoridad y mantener a sus súbditos atemorizados porque venía del trujillismo donde el miedo era ley y constitución.

Leonel Fernández ha adoptado el estilo silente ante las denuncias de corrupción a pesar de su fluida oratoria. Su silencio es profundo ante las irregularidades de sus funcionarios, aunque esporádicamente haga algunos pronunciamientos que buscan diluir más que resolver las denuncias.

No los ataca públicamente y casi nunca los destituye. Los mantiene en sus puestos con libertad para que sorteen sus problemas con la garantía de que permanecerán intactos.

Pensará que es asunto de esperar un poco hasta que la capacidad de denuncia se agote. Ningún funcionario, por su parte, tiene mucho miedo porque el pacto implícito del Presidente con sus leales del PLD y grupos aliados es que continuarán degustando de las mieles del poder.

Leonel Fernández está tan confiado en la superioridad de su liderazgo, que se da el lujo de apadrinar a casi todos sus funcionarios, facilitar que lleguen al poder, permitir que abusen del poder, y mantenerlos en el poder a pesar de las controversias que algunos generan en la opinión pública y del pobre desempeño en sus funciones.

Se parece a Balaguer en su estilo silente ante el abuso de sus funcionarios, pero no inspira el miedo que provocaba Balaguer entre sus colaboradores. La fuerza principal de Leonel Fernández radica en su capacidad de ganar elecciones, y por tanto, en ser el instrumento mediante el cual sus funcionarios llegan al poder y se mantienen.

En ese esquema, el nivel de aceptación popular es crucial. El gobierno monitorea cuidadosamente la popularidad de Fernández y sus ejecutorias, y ante cualquier declive, el Presidente se reactiva y toma decisiones.

Llama a un almuerzo en Palacio a los directores de medios, promueve una cumbre, emite algunas declaraciones o pronuncia un discurso para restablecer su popularidad. Es un liderazgo mediático destinado a proteger un amplio grupo de correligionarios.
Esta modalidad es efectiva cuando la oposición partidaria es débil como ha ocurrido en los últimos cinco años, pero distinta será la situación cuando el PRD engrase su maquinaria electoral y se lance de lleno a hacer campaña.

Fuente:ROSARIO ESPINAL

La corrupción y algunos cuentos

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El Partido de la Liberación Dominicana se vendió ante el pueblo como un partido progresista, liberal avanzado, teniendo como fundamento el marxismo sin apellido, su doctrina y principios apegado a la liberación nacional.

Gracias a esa orientación ideológica, el PLD logró aglutinar en su seno a una parte significativa de segmento de clase pequeña burguesas, del estudiantado, profesionales, intelectuales y comerciantes.

Con la ayuda del sector más conservador de la nación, representado por Joaquín Balaguer, negando todos esos principios que le dieron origen al PLD, Leonel Fernández logró un pacto para llegar a la presidencia de la República.

Y se ha aposentado durante tres periodos en la dirección del Estado.

Abonado por la ignorancia  de nuestro pueblo, apelando a la demagogia, buscando palabras altisonantes en el vocabulario político, enrostrándole de que aquí nadie sabe conceptualizar, nos ha impuesto un modelo de gobierno que se enseñorea en la corrupción.

El ciudadano presidente de la Republica no se inmuta, no dice nada, no hace nada ante los escándalos de corrupción en su gobierno. Como si menospreciara los principios originarios de su partido y de su líder Don Juan Bosch, apela a la defensa de los hechos de su gobierno, castigados por la población, de enriquecimiento fácil, trafico de influencia, reparto de sinecuras, nepotismo y todo tipo de privilegios.

Es como si creyera, cual príncipe Maquiavélico, que  hay que ver la política y acción pública en función de la inversión de valores, de la corrupción, donde los procedimientos se reducen a dos elementos: “la corrupción o la mentira y el terror. No hay, por ende, mas que dos partidos que seguir: o acariciar a los hombres o suprimirlos, o colmarlos de mercedes o destruirlos”.

Es el mismo presidente de la República, Leonel Fernández, que en la campaña electoral del 1996 dijo en un memorable discurso que los delitos de corrupción le estaban costando a nuestro país más de 30,000 mil millones de pesos. Se comprometió por ello a luchar contra la corrupción, hasta llego a crear el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO)

Pero, es el mismo Leonel Fernández, que en las elecciones presidenciales pasadas, se pronuncio justificando el uso de los recursos del Estado y las famosas nominillas de los políticos suyos que recibían un sueldo sin trabajar, alegando que “la corrupción es un serio problema de cultura, histórico un proceso inconcluso. Ninguna sociedad lo resuelve de manera absoluta, para siempre. No es un mal del presente ni del pasado gobierno, sino cultural, histórico y universal”.

Muchas palabras y ninguna acción efectiva contra este flagelo.

Recordemos que le cambió el nombre al DEPRECO, su titular renunció porque nadie en el gobierno le hacia caso, ahora se llama Dirección Nacional de persecución contra la Corrupción Administrativa (DPCA). Además creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, su presidente,  José Joaquín Bidó Medina, dijo que “me siento asqueado por los casos de corrupción denunciados en la administración pública”.

En sus pronunciamientos el presidente de la República reconoce que “la corrupción y falta de disciplina impide una eficiente administración en su gobierno”. Pero nada hace. No le da coherencia a las palabras y los hechos.

Se necesita menos discursos, menos viajes y más acción.

Es sencillo, no nos ofrezca señor presidente el Paraíso Perdido de Milton, ni utopías para una sociedad perfecta, solo respete el juramento que hizo ante la Asamblea Nacional, cuando se juramentó como presidente de la República, de cumplir y hacer cumplir las Leyes; la de la Cámara de Cuenta, la de Compra del Estado, la de la Administración Pública, la de Libre Acceso a la Información Pública, etc. Solo eso señor presidente.

Por último, rememoremos estas expresiones del profesor Juan Bosch,  aparecida en una carta pública que le envía su alumno y amigo periodista Marino Zapete :

“Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral”.

Fuente:FERNANDO PEñA

El laicismo y la libertad religiosa en la República Dominicana

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Como no puede ser de otra manera entre personas libres, he decidido compartir con mis conciudadanos algunas de mis reflexiones en torno a la necesidad de incrementar la libertad e igualdad religiosa en la República Dominicana.


Parece existir gran acuerdo entre los hombres respecto a considerar la religión como un asunto privado que conviene desligar de la gestión pública. El abuso de este noble principio y el olvido de que la defensa de la libertad individual –en todas sus formas- es la razón de ser del Estado han dado lugar a grandes injusticias en numerosas naciones de nuestro planeta.

El laicismo, lejos de ser la respuesta del sector público más justa a la creciente diversidad religiosa según lo entienden sus frecuentemente bienintencionados promotores, una vez desborda por la vía del exceso las fronteras del respeto, la no exclusión y la tolerancia se convierte en una sustracción seria e ilegítima de la libertad religiosa y, por ende, de la libertad individual, que puede llegar a ser tan inaceptable e injusto para los ciudadanos como la pretensión de tener una única religión “oficial” o de Estado.

Laicismo no equivale a igualdad ni a tolerancia. Cuando toda referencia o enseñanza de contenidos religiosos es deliberadamente omitida y desterrada de las escuelas donde nuestros jóvenes reciben buena parte de su formación básica, lo que resulta de ello no son ciudadanos más tolerantes e integrados pese a sus diferencias sino casi completamente desprovistos de todo sentimiento religioso y de aquella saludable consideración de la opinión de otros sobre nuestras acciones privadas que pocas instituciones como la religión enseñan a los pueblos.

Bajo el esquema laico, la religión de la no religión acaba implícitamente por imponerse a las demás expresiones religiosas y el hedonismo egoísta comienza a ser la norma moral de la ciudadanía; máxime, cuando languidecen otras instituciones que, como la familia y el ejemplo, constituyen las principales fuerzas morales de la sociedad.

Todo lo anteriormente expuesto se refuerza cuando el laicismo se traslada a todos los asuntos de Estado, con la consecuente exclusión y aislamiento de todo lo religioso. ¿No resulta mucho más propio de hombres libres y de una sociedad de éstos verdaderamente inclusiva el que todas las filiaciones religiosas más representativas compartieran un mismo, aunque pequeño, espacio en los debates, acontecimientos y actividades de interés nacional?

¿Puede considerarse como verdaderamente libre la elección religiosa que realizan los individuos sujetos a la imposición por la vía educativa de una única expresión religiosa, sea ésta de manera activa (adoctrinamiento) o pasiva (laicismo)? ¿Fallaremos en reconocer que ambos métodos son igualmente reprobables en tanto entorpecen la libertad de elección?

Cualquiera que sea nuestra particular postura respecto a la conveniencia de una formación religiosa específica o la ausencia de ella para la ciudadanía emergente, resulta evidente que la inclusión del estudio de las principales ideas y corrientes religiosas en la formación curricular de los bachilleres, basada en manuales y material audiovisual preparado por el esfuerzo cooperativo de aquellas confesiones más representativas sería un gran avance en la conquista de una mayor libertad religiosa en la República Dominicana.

Fuente:MANUEL MOISES MONTAS (ALM)

Emergencia y facultad policial

policianacional23En los últimos tiempos, algunas personas que hacen opinión pública han cuestionado la legalidad de determinadas actuaciones de la Policía Nacional y de los agentes de la Amet, ante esta situación nos permitimos hacer las siguientes precisiones.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), que originalmente fue creada mediante el decreto del Poder Ejecutivo No.393-97 de fecha 10 de septiembre del año 1997, como una dependencia de la Presidencia de la República, posteriormente y mediante la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04 de fecha 5 de febrero del año 2004, pasó a ser una dependencia de esta institución, adquiriendo así la legitimidad jurídica para actuar en consonancia con la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor.

Según el glosario contenido en el artículo 1 de la referida ley de tránsito, los vehículos de la Policía, al igual que los del Cuerpo de Bomberos, de la Defensa Civil y las Ambulancias, son considerados de emergencia cuando se utilizan como tales.

Es por esta razón y en virtud del artículo 118 de la ley de marras, que esos vehículos pueden con la debida consideración a la seguridad de las personas y de la propiedad y siempre que den aviso con aparatos de alarma, estacionarse en lugares prohibido, continuar la marcha no obstante prohibírselo una luz o una señal, exceder los límites legales de la velocidad e ignorar la ley en lo que respecta a los derechos, de paso, viraje y dirección del tránsito.

La autoridad policial puede incluso variar el tránsito por cualquier vía pública si las circunstancias a su juicio así lo ameritaren, y es obligación de todo conductor o peatón obedecer su orden o señal; también puede detener a cualquier conductor, requerirle su identificación y todos los documentos que según la ley debe llevar consigo o en el vehículo, inspeccionarlo cuando entienda que viola la ley o está relacionado con un accidente de tránsito, de conformidad con los literales a), b) y c) del artículo 133 de la ley.

La Policía tiene también la facultad de retener un vehículo por un período de hasta 48 horas, cuando ha estado envuelto en un accidente, y su conductor se ha dado a la fuga, en virtud del artículo 59 de la Ley que rige la materia.

En lo que respecta a la incautación de la licencia de conducir, el artículo 225 de la Ley faculta a la Policía a hacer esto, con el único requisito de notificar al Director de Tránsito Terrestre el nombre, así con los números de cédula y de la licencia de su poseedor.

El literal g) del artículo 28 de la Ley faculta a la Policía a incautar los vehículos en los casos que no estén autorizados a transitar por las vías públicas por el Director de Impuestos Internos, cuando utilicen una placa que no les corresponda, cuando se altere o se borre el número de motor o del chasis del vehículo o cuando exhiba una placa que no sea la prescrita por la ley.

En los casos de flagrante delito tales como, violación a la luz roja, manejo temerario y conducir en estado de embriaguez, la Policía puede arrestar a una persona, en virtud del artículo 224 del Código Procesal Penal.

Finalmente, en virtud del artículo 4 de la Resolución 03-06 de la Secretaría de Estado de Interior y Policía que prohíbe el uso de bebidas alcohólicas a los conductores de vehículos de motor, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Policía Nacional pueden también retener los vehículos a los violadores de esta disposición legal.

Fuente: José F. García Lara

¡Hablar sin conocer la realidad!

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Nunca he querido, por razones obvias, hablar o escribir de las cosas internas de las instituciones con las que tengo compromiso. Me refiero -en este caso- a las FFAA, a la DNCD y a la Policía, agencias con las que he asumido de un tiempo a esta parte, y por convicción propia, un compromiso que espero no romper, sin que esto implique que actúe yo como un borrego o cualquier energúmeno de estos que por ahí andan hablando pleplas, aguantando bochornos y desconsideraciones. El temperamento mío, de eso no existe la menor duda, lo impedirá ipso facto.

Y no es que esté tratando con lo que voy a detallar más adelante, y eso se lógico, de justificar las ‘metidas de pata’, para no decir errores, que cometan algunos irresponsables en un determinado momento, sino para defender un derecho que tenemos todos los dominicanos, excepto los que se creen estar por encima de la autoridad. La ley es dura pero es la ley, o sea que si usted la viola sabe que se la aplicarán inmediatamente, y el terreno que infractor escoja.

Hay que estar en el pellejo de un Policía o de un miembro de la DNCD, por ejemplo, cuando uno de éstos es atacado de manera despiadada y atroz en un barrio de la capital. Si se dejan matar nada ocurre, nada se comenta, solo se publica en los diarios de manera tímida y tiene que salir el Ministro de Interior y el Jefe de la PN a socorrer a los deudos (esposa e hijos), cosa que por fortuna se está haciendo ahora. Nadie nos cuenta los muertos.

Eso sí, cuando un atracador, cuando un despiadado asaltante, cuando un despiadado vendedor de drogas enviste a la autoridad (y siempre lo hace con un arma superior o de igual nivel que la del policía, la del guardia o la del agente antidrogas) ahí mismo comienza el torbellino. De inmediato son ejecuciones sumarias, extrajudiciales y de cualquier naturaleza. De inmediato, sin demora comienzan los pronunciamientos y se habilitan paredones para liquidar a quien sea.

Entran en acción los grupos de ‘expertos’ en derechos humanos, los líderes de agrupaciones de la denominada sociedad civil, que sin dudas, o con ellas incluidas, pretenden desde hace tiempo controlar el país. Esas presiones, que encuentran eco a todo lo ancho en los medios de comunicación, para no hablar de mass media, como a los comunicadores les gusta decir, influyen de tal modo que la autoridad termina siendo la delincuente, no el autor de diferentes crímenes y delitos.

Ahora que están de moda las criticas, una parte de marras, contra los llamados ‘intercambios’ de disparos (encomillado el concepto, como lo hacen los diarios cuando se le mete a sus editores el ‘síndrome de contar muertos’ de un lado) son pocos los que se atreven a defender a los hombres que tienen el compromiso (aunque no son todos) de luchar contra la criminalidad. He ahí donde la puerca retuerce el rabo, como dice la gente de El Batey, comunidad rural de Las Matas de Farfán donde vine al mundo.

Nadie discute, y jamás podrá hacerlo, que la vida humana es lo más preciado y sagrado. Solo Dios (Yavé, Allah, Elohim, El Soberano, El Clemente, El Altísimo, El Misericordioso, El Más Sagrado, El Creador, El Arbitro Supremo o como usted quiera llamar al Todopoderoso) tiene facultad para quitarla. Es cierto, la Policía no tiene por qué matar a nadie, pero nadie tiene derecho a matar al policía.

Los encargados de establecer el orden, como bien claro está previsto en la Constitución, no tienen que ‘pelar’ por sus armas para liquidar a supuestos delincuentes, pero tampoco los supuestos delincuentes tienen ‘pelar’ por las suyas para liquidar a quienes tienen el deber de mantener el orden. El que arremete contra un guardia o un policía en servicio, y eso debe quedar claro, que espere una respuesta inmediata.

Por eso digo que es bueno hablar pleplas por radio y televisión, y hasta en las páginas de los diarios, cuando un agente de la Policía, un militar o un agente de la DNCD se ve compelido a responder una agresión y liquida a uno de estos sujetos, casi siempre jóvenes, que reaccionan de manera despiadada cuando son sorprendidos atracando en cualquier lado.

Los agentes antidrogas, de los que sí los puedo hablar, son blanco casi a diario de agresiones infernales en barrios de la capital y de otras ciudades del país. Son muchos los que reciben botellazos, pedradas, cartuchazos y balazos de manos de delincuentes, muchos reincidentes que son arrestados ‘con la mano en la masa’ y luego son liberados por estos tecnicismos que mantienen contra la pared a las instituciones que persiguen el crimen.

Fuente:ROBERTO LEBRON

Incapacidad e indolencia policial

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“Usted no tiene por qué llamar aquí, esto no es Amet. Amet es una institución aparte, con su propio presupuesto, con un general que la dirige. Eso de ese vehículo no tiene que ver con la Policía, llame a la Amet”.

Esa fue la respuesta dada el sábado por un sargento de servicio en la Central de Radio del Palacio de la Policía. Lo hizo a propósito de que un policía del despacho del Jefe de esta institución transfiriera una llamada que hice al (809) 685-2020 para reportar un accidente.

Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando me dirigía a mi apartamento, acompañado de mis tres hijos, por la Autopista 30 de Mayo, y de pronto me encontré un automóvil accidentado, en una zona oscura, con el que estuve a punto de colisionar.

Retornaba de Hatillo, en San Cristóbal, precisamente del vecindario donde funciona la Academia ‘2 de Marzo’, de la Policía Nacional. El carro accidentado estaba en las proximidades de los moteles, en ruta Oeste-Este.
Estuve a centímetros de chocar mi vehículo, que tanto esfuerzo me costó adquirir, con el carro (creo que  un Chevrolet Cavalier, color verde) que al parecer había colisionado momentos antes automóvil. Su permanencia allí era de extremo peligro.

Por eso, y ante el susto que pasé junto a mis hijos, lo primero que acerté fue llamar a un teléfono que siempre está disponible. Y así lo hice, recibiendo una respuesta respetuosa del policía que levantó el auricular en el despacho del mayor general Guzmán Fermín.

“Un momento, señor, que le voy a transferir a la Central de Radio”, me dijo el gentil policía que levantó el (809) 685-2020. Sin embargo, el posterior interlocutor, el supuesto ‘Sargento Jerez’ me dio una ‘pela de lengua’, naturalmente sin razón.

Por el hecho, primero, de decirme que Amet es una institución aparte cometió este sujeto el primer agravio. Y segundo por haberme dicho, con todo el descaro e irrespeto del mundo, que ‘llame a quien usted quiera, pero esa no es labor de la Policía”.

Quedé, sinceramente, estupefacto y por tanto volví a llamar al despacho policial, a los fines de que el buen agente que habló conmigo primero tuviera la gentileza de contactar a un oficial o alistado responsable para que se actuara en consecuencia.

A pesar de que esto parece ser un asunto elemental, a mi juicio no lo es. Y no lo es, porque si estamos tratando de organizar las cosas, resulta inaceptable que un sujeto como el presunto ‘sargento Jerez’ eche por el suelo lo que hace la Jefatura de Guzmán Fermín.

Fue por eso que decidí escribir ese evento, reivindicando yo, como es natural, mi condición de periodista, para decirle a quienes ocasionalmente me leen a qué niveles de irresponsabilidad hemos llegado nosotros, aunque sé que se trata de un asunto aislado.

He tenido la oportunidad de tratar, en los últimos tiempos, a jefes de Policía como el propio Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier, Bernardo Santana Páez y Manuel de Jesús Pérez Sánchez, para solo citar algunos. Y no me arrepiento de haberlo hecho.

Todos se han empeñado por dar lo mejor para que contemos con una mejor Policía. Y por qué no decir de otros oficiales que han ocupado y ocupan posiciones de relevancia en la institución, siempre dispuestos a actuar, sin importar la hora del día o de la noche.

Resulta inaceptable que un alistado eche por la borda tanto esfuerzo. Ojalá esto llegue a odios del mayor general Guzmán Fermín, hombre de trato afable y, según me cuenta Miguel Lluberes, el mejor amigo, actúe contra este enemigo que tiene en el seno policial.

Inmediatamente este sujeto proclamó ‘llame a quien usted quiera, porque esa no es tarea de la Policía”, ahí mismo concluí en que ese individuo no merece llevar un uniforme que, de paso, tenga impresos el escudo y la bandera nacionales.

¡Ahí va el mensaje, general Guzmán Fermín!

Fuente:ROBERTO LEBRON